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El próximo domingo diez de mayo entra en vigencia el Nuevo Código Penal en Honduras pese al rechazo y oposición de organizaciones de sociedad civil, defensoras de derechos humanos, académicas, entre otras, que exigen la no entrada en vigencia o ampliar el periodo de Vacatio Legis de la normativa.

Organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción(CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el claustro de profesores de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Colegio Médico de Honduras (CMH), el Centro de Estudios Para la Democracias (Cespad), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), se han pronunciado exigiendo a los diputados del Congreso Nacional derogar o ampliar la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.

La OACNUDH a través de un comunicado, hizo un llamado a desarrollar un proceso de revisión y reforma del nuevo Código Penal de acuerdo a las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano, que el proceso sea amplio, transparente y participativo e incluya a amplios sectores de la sociedad civil hondureña.

“OACNUDH observa que el nuevo Código Penal podría afectar el ejercicio de derechos humanos. La inclusión de los delitos de injuria y calumnia en el ámbito penal, así como la definición de publicidad, de desórdenes públicos y las disposiciones relativas a la responsabilidad penal en los delitos cometidos a través de medios de comunicación podrían conllevar una afectación al ejercicio de la libertad de expresión”, cita parte del comunicado.

“De especial preocupación resultan los tipos penales que afectan a grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente las mujeres, los niños y las niñas. Desde una perspectiva de derechos de las mujeres y combate a la violencia de género, es necesario revisar la definición del delito de violencia contra la mujer y de tipos penales de violencia sexual, así como la criminalización absoluta del aborto”.

En lo que respecta a las violaciones de derechos humanos, “la Oficina observa la necesidad de revisar y adaptar la definición de los delitos de tortura, desaparición forzada, trata de personas y tráfico ilícito a los instrumentos internacionales y jurisprudencia en la materia, para asegurar la investigación, persecución penal y sanción adecuada de las graves violaciones a los derechos humanos”.

“La Oficina además observa que existen disposiciones del nuevo código penal que debilitan la efectiva persecución de actos de corrupción e insta a revisar la definición de los delitos relacionados con el combate a la corrupción y garantizar que las penas aplicables sean proporcionales a la naturaleza de los hechos”, parte del comunicado.

Por su parte, el CNA en octubre de 2019 presentó una Iniciativa Ciudadana acompañada con 12 mil firmas de ciudadanos que exigen la no entrada en vigencia de esta normativa jurídica, pero la Corte Suprema de Justicia la desestimó.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) opinó que el nuevo Código Penal debe entrar en vigencia el 10 de mayo al vencerse la segunda vacatio legis.  En octubre del 2019, representantes de la sociedad civil entregaron al Legislativo una iniciativa ciudadana, para que no entre en vigencia la nueva normativa en la fecha prevista.

“Los 15 magistrados de la CSJ, encabezados por su presidente Rolando Argueta, resolvieron por unanimidad la decisión es en el marco del escrito presentado por el secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para que la CSJ emita su opinión sobre la solicitud presentada en relación con el nuevo Código Penal, agrega. no se apruebe la iniciativa ciudadana presentada ante los representantes del pueblo hondureño”, dice la Corte.

A la vez, la Corte reconoce que “sí existe necesidad de revisión del nuevo Código Penal” contenido en el decreto legislativo 130-2017, pero ello no implica que el cuerpo normativo en su conjunto deba desecharse.

Para el presidente del Claustro de profesores de Ciencias Jurídicas de la UNAH, Jorge Herrera, el Congreso Nacional debe de evitar la entrada en vigencia del Código Penal porque de no hacerlo se convierte en un acto inconstitucional.

“Es una lástima que, habiendo la solicitud de tanto sector organizado, el Congreso Nacional no haya solicitado, a este momento, integrar una sesión antes de entrar en vigencia del Código Penal. Hacemos un llamado que hagan la convocatoria a fin que suspendan la vigencia del Código Penal con el propósito de evitar inconstitucionalidades a futuro”, dijo Herrera.

Para el abogado penalista y experto en materia de Derechos Humanos, Joaquín Mejía, el Código Penal beneficiará a aquellos que cometen actos de corrupción, narcotráfico y violan los derechos de la mujer y la niñez.

“Va a beneficiar en términos de reducción penas a quienes están vinculados en ámbitos de corrupción, narcotráfico y de aquellos que violan los derechos de las mujeres y las niñas y niños Joaquín Mejía, por lo que se debe evitar que ente en vigencia”, enfatizó.

El Colegio Médico de Honduras, a través de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación, se pronunció en contra e instó que se cree un Código Penal que persiga a los corruptos y no uno que los blinde de las fechorías cometidas.

“La plataforma de lucha por la defensa de la salud y educación se pronuncia en contra de la implementación del Nuevo Código Penal de la impunidad hecho por corruptos, en tal sentido exigimos un código que garantice que los saqueadores del estado paguen por los delitos cometidos contra el pueblo hondureño”, exigió, Suyapa Figueroa, presidenta del CMH.

Ni el Congreso Nacional, ni la Corte, ni el Poder Ejecutivo han hecho algo para evitar la entrada en vigencia del nuevo “Código Penal de la impunidad” como lo definen las organizaciones que están en contra.

 

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