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Los fondos de pensión del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), serán garantía en la ley que el Poder Ejecutivo envió al  Congreso Nacional y que al ser aprobada ordenó destinar más de 10,300 millones de lempiras para la compra de insumos y construcción de 94 centros médicos.

 

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. El Congreso Nacional aprobó ayer la “Ley de Aceleración Económica y Protección Social”, que ordena la construcción de 94 centros de salud especiales y once hospitales para hacer frente a la pandemia del “coronavirus”, tras confirmarse que ya hay afectados. Los fondos de garantía saldrán del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y la veeduría será realizada por empresarios y sociedad civil.

 

Lo anterior luego que el Poder Ejecutivo enviara un decreto al parlamento, considerando la “emergencia sanitaria”, a un solo debate 69 diputados dieron el visto bueno, los únicos en contra fueron los de Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Innovación y Unidad (PINU).

 

Y es que la ley aprobada establece la asignación de 402 millones de dólares, más de 10,300 millones de lempiras, para la edificación de los centros de atención y compra de insumos, cantidad de dinero que ya ha sido cuestionada por el Colegio Médico quien califica el decreto como “un cheque en blanco”.

 

El secretario de Estado, Ebal Díaz, presente en el parlamento, informó que el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) será el encargado de dar el financiamiento. Pero, de acuerdo a lo aprobado por el Congreso, el Seguro Social deberá poner a disposición los fondos de pensión de los hondureños, como garantía.

 

Lo anterior establecido en el artículo 2 de la ley: “Para alcanzar la suficiencia y sostenibilidad financiera del Fondo para la Promoción Solidaria y de Auxilio Recíproco del PLAN-PROSOLIDAR, relacionado con la contribución establecida en el inciso 3) del Artículo 44 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, misma que debe ser destinada exclusivamente al pago de los gastos operativos y administrativos de la Red Integral Pública de Servicios de Salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social”.

 

Por otro lado, los “mecanismos especiales de contratación de obras públicas así como la adquisición de bienes y servicios a las instituciones autorizadas, actuarán como veedores para garantizar la transparencia y rendición de cuentas: la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (COST), el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)”.

 

Las irregularidades suman, pues el diputado de Libre, Jari Dixon, alertó que el Congreso no quiso que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), fuera parte de las instituciones que harán veeduría. “No hay duda, se robarán esos fondos”, sentenció el congresista.

 

La ley permite que tanto el IHSS como la Secretaría de Salud, firmen convenios de construcción para cualquier emergencia a través de “mecanismos especiales y expeditos para la contratación directa de obras, bienes y servicios”.

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