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Mañana en la capital hondureña se realizará la segunda audiencia del juicio contra el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, quien junto a Alex Moraes, que fungía como administrador, fueron puestos en libertad para afrontar el proceso por la gracia de los jueces Marco Vallecillo Banegas y Allán Sánchez.

 

 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

 

Tegucigalpa. El arresto del exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), supuso cierta esperanza en una parte de la población, sin embargo, otros lo vieron con escepticismo por la espantosa corrupción e impunidad que imperan en los operadores de la ley, especialmente cuando se trata del delito de “cuello blanco”.

 

Esa desconfianza tiene su fundamento tras la aprobación del nuevo Código Penal, que ha liberado de prisión a desfalcadores del Estado, eso lo demuestran casos como el millonario saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que ha drenado al menos 6 mil millones de lempiras de los derechohabientes y cientos de vidas en pérdidas.

 

Así como el caso “Pandora”, que involucró a 38 personas en el millonario robo de 282 millones de lempiras que se realizó a través de siete convenios y un addendum entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y las fundaciones “Dibattista” y “Todos Somos Honduras”.

 

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Y recientemente, el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn Corrales, ha sido enviado a casa para defenderse en libertad, pese a que el Ministerio Público (MP), advirtió sobre la posible fuga del imputado en vista que figura en al menos 20 líneas de investigación por el saqueo de capitales que ha hecho el gabinete de Juan Hernández.

 

Según el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), durante la pandemia del nuevo coronavirus, el Congreso Nacional le aprobó a la administración Hernández 92 mil millones de lempiras para “combatir” el virus, que para el 10 de octubre ha dejado 83,146 casos confirmados de contagio según el Sistemas Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

 

Este rotativo, ha identificado a los jueces que dieron medidas sustitutivas de prisión preventiva a Bográn, así como al ex administrador de Invest-H, Alex Moraes Girón.

 

En el caso incoado contra estos ex empleados de la estatal que son acusados por el delito de malversación de caudales en perjuicio de la administración pública al autorizar una “cuarentena VIP”, el juez de Letras Penal, Marco Vallecillo Banegas, en audiencia inicial resolvió dictarles la medida cautelar sustitutivas contenidas en el artículo 173 numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10 “considerando que el tipo penal no acarrea una pena de reclusión” del Código Procesal Penal.

 

Estas medidas consisten en que los encausados quedan bajo el cuidado y vigilancia de sus apoderados legales, la prohibición de salir del país, presentarse ante el juzgado cada quince días, no acercarse a las instalaciones de Invest-H ni comunicarse con empleados de esa investigación, así como una fianza depositaria por la cantidad de 100 mil lempiras.

 

Es de recordar que en 2015,  el entonces presidente del Poder Judicial (PJ), Jorge Rivera Avilés, negó contrataciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por considerarlas “al margen de la ley”, y entre ellas figuraba Vallecillo Banegas, quien había ingresado en junio de ese año a laborar en ese poder del Estado escribiente tres del Juzgado de lo Penal de Tegucigalpa, pero fue ascendido como juez supernumerario en sustitución de Silvia Elizabeth Torres. Sin embargo, Rivera Avilés le negó ascenso de Vallecillo en vista que necesitaba completar los tres años de ejercicio jurisdiccional.

 

Al margen de eso, en la actualidad el togado es juez supernumerario del Juzgado de lo Penal de Francisco Morazán. Además, es recordado por negar sin lugar una petición de la Fiscalía que reclamaba acceso a nombre de los militares que hirieron de bala a indígenas lencas en Reitoca, durante un desalojo violento de la Policía Militar y del Orden Público (PMOP), en el campamento pacífico que instalaron en los predios de la empresa Promotora de Energía Limpia (Progelsa), propiedad de Jack Arévalo Fuentes y autorizada para construir la Planta Hidroeléctrica Río Petacón.

 

En el otro caso contra Bográn por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, al violentar la Ley de Contratación del Estado concediendo un contrato millonario a su tío Napoleón Bográn Idiáquez, propietario de la empresa Consultores en Ingeniería SA de CV (Cinsa).

 

La Ley de Contratación del Estado, en su artículo 15 numeral 6, ordena que no se puede contratar a parientes en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, “sin embargo, el exdirector de Invest-H a pesar de la relación de parentesco, otorgó el 26 de marzo del presente año este contrato de supervisión a su tío”, afirma el MP.

 

Sin embargo, el juez Allan Sánchez en audiencia de declaración de imputados le dictó medidas distintas a la detención judicial, y pactó continuar el juicio este lunes 19 de octubre, a las 9 de la mañana.- El juez Sánchez es recordado por haber enviado a un centro hospital psiquiátrico como medida sustitutiva a la prisión, al joven Rommel Baldemar Herrera Portillo por su grave estado de salud.

 

El 31 de mayo de 2019, el joven docente Herrera Portillo fue detenido y acusado de quemar llantas frente a la fachada de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, después de una manifestación pacífica de la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación.

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